TC analizará hoy demanda sobre prescripción de deudas tributarias de grandes empresas

TC analizará hoy demanda sobre prescripción de deudas tributarias de grandes empresas

El Tribunal Constitucional (TC) analizará hoy, desde las 10:00 horas, la demanda de inconstitucionalidad sobre la prescripción de deudas tributarias de grandes empresas.

La ponencia del caso estará en manos del magistrado Ernesto Blume, quien propone declarar inconstitucional la primera disposición complementaria del Decreto Legislativo 1421 sobre los plazos de prescripción, argumentando que el Poder Ejecutivo excedió sus funciones al aprobar la norma, al amparo de las facultades para legislar en materia tributaria.

De aprobarse esta propuesta, según estimaciones de especialistas, el Estado dejaría de cobrar 11 mil millones de soles a grandes empresas.

Los beneficiarios directos de la sentencia serían unas 158 empresas, entre mineras, constructoras, supermercados, clínicas y universidades privadas.

La presidenta del TC, Marianella Ledesma, pidió a la ciudadanía tener una “mirada vigilante” y “deliberante” en torno a la demanda de inconstitucionalidad sobre la prescripción de la deuda tributarias de las grandes empresas que resolverá este organismo.

La mencionada ponencia se encuentra colgada en la página web del TC para que sea leída por la ciudadanía.

La deliberación pública remota para abordar ese caso se realizará desde las 10:00 horas y será transmitida en las plataformas informativas del TC.

(Andina)



Rpp

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TC decidirá si Sunat debe cobrar deudas millonarias a empresas

TC decidirá si Sunat debe cobrar deudas millonarias a empresas

El problema empezó en noviembre de 2017, con la resolución 4-2017 del Tribunal Fiscal (TF) del Ministerio de Economía. Esa instancia ordenó que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) debía contar el mismo plazo de cuatro años para fiscalizar a las empresas y para cobrar sus deudas originadas antes del año 2012. Una decisión que rompió con la tradición y que, de acuerdo al ente recaudador, contradecía la ley.

El TF no se pronunció de oficio, sino resolviendo el reclamo de una compañía. Esta alegaba que sus deudas del 2009 ya habían prescrito, pero en 2014 la Sunat le notificó el saldo que debía pagar, pues consideraba que se encontraba dentro del plazo de cobro que se inició en 2012.

En 2019, la entonces jefa de la Sunat, Claudia Suárez, reveló que estaba en juego el cobro de S/11,000 millones porque otras empresas se habían acogido a la resolución del TF. Suárez señaló que hubo un cambio repentino en la interpretación del Código Tributario.

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Cada año, las compañías deben declarar a la Sunat su rentabilidad. Es decir, sus ingresos y gastos. De acuerdo a esto se establecen los tributos que cada empresa deberá pagar. No obstante, la entidad verifica si lo declarado es cierto. Si lo es, no aplica sanciones. Pero si encuentra alteraciones en la información, entonces empieza un proceso para establecer la cifra real que la compañía debió abonar.

Para la entidad la norma es clara: existe un primer plazo de seis meses para verificar la declaración de las compañías y otro, que se inicia tras establecerse irregularidades, para cobrar la deuda. La Sunat llama a este último acto “interrupción”.

La “interrupción”, según el artículo 45 del Código Tributario, genera un nuevo plazo de prescripción. El tiempo transcurrido ya no cuenta y la Sunat tendrá cuatro años para cobrar la deuda tributaria.

En la resolución del TF del 2017, no obstante, se indica que esta aclaración no existió hasta 2012, cuando el gobierno de Ollanta Humala promulgó el Decreto Legislativo 1113. A su criterio, este decreto no se puede aplicar para deudas anteriores a ese año.

Y acá es donde se genera el conflicto en el que el Tribunal Constitucional (TC) entrará a tallar.

Perú21 accedió a un oficio de la Sunat en la que se enumera a 132 compañías deudoras. De ellas muchas han pedido que sus deudas prescriban al considerar que el plazo de cobro ya terminó.

La suma de todas esas deudas asciende a S/9,256.97 millones. Pero lo curioso es cómo se ha llegado al escenario en el que el TC será dirimente en una disputa millonaria.

EL COLEGIO DE ABOGADOS

Con la idea de asegurar el cobro de ese dinero, el gobierno de Martín Vizcarra promulgó el decreto legislativo 1421 en setiembre de 2018.

En su primera disposición, el decreto señala claramente que el 2012 será el año para contabilizar el plazo de prescripción de deudas generadas con anterioridad.

Pero el Colegio de Abogados de La Libertad interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante el TC contra esa disposición en febrero de 2019. Lo extraño es que este gremio tomó esa iniciativa y no lo hizo ninguna de las empresas deudoras.

En diálogo con este diario, el exdecano del referido colegio Manuel Montoya indicó que se impulsó esa demanda porque estaba “legitimado” para hacerlo. Y es cierto, el artículo 203 de la Constitución estipula que los colegios profesionales pueden interponer la acción de inconstitucionalidad cuando el caso sea de su especialidad.

Sin embargo, la actual gestión del gremio, a cargo del decano Marco Moreno, se opuso a continuar con el proceso y presentó su desistimiento al TC. Aunque el artículo 71 del Código Procesal Constitucional señala que esa declinación procede solo por cuestiones administrativas.

La decisión de Moreno se conoció luego de que el magistrado Ernesto Blume presentara su ponencia en la que propone declarar fundada la demanda.

Su principal argumento es que la disposición del decreto publicado por el Ejecutivo es retroactiva y por eso vulnera los principios de prescripción establecidos en la normativa.

Mañana será la deliberación de la ponencia en el Tribunal Constitucional. Con cinco votos a favor, los deudores quedarán librados.

DATOS:

– En su ponencia, el magistrado Ernesto Blume señala: “queda claro que la primera disposición (del decreto legislativo1421) supone una aplicación retroactiva de un nuevo punto de inicio del cómputo de la prescripción”.

– En el proceso se pidió la inhibición del magistrado José Luis Sardón debido a que su hermano es un alto funcionario relacionado indirectamente con una de las empresas que mantienen un proceso con la Sunat.

– La audiencia del TC de este martes será pública y transmitida por canales virtuales.

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cuáles son las empresas que ya se fueron y las que podrían irse del país

cuáles son las empresas que ya se fueron y las que podrían irse del país

El éxodo de multinacionales no se detiene. La salida de Glovo y la venta de la operación local de Falabella se suman a la lista de empresas que, en la cuarentena, anunciaron su intención de retirarse de la Argentina.

En lo que va del año, al menos 10 compañías decidieron alejarse del país. Mientras que algunas dejaron del mercado nacional y mudaron parte de su producción a países de la región, otras colgaron el cartel de venta y transfirieron la operación a nuevos socios mayoritarios.

Aunque cada caso es distinto, hay un factor común a todos: cada vez es más complicado hacer negocios en un país de constante turbulencia financiera e incertidumbre económica como la Argentina. Aunque la desinversión comenzó a fines de 2019, tras las elecciones y la creciente devaluación, se aceleró con la llegada del coronavirus.

Para muchos, el horizonte de recuperación estaba puesto en la post pandemia. Sin embargo, la crisis macroeconómica y la cuarentena extendida deterioraron las expectativas. La “sangría” de empresas parece no tener fin y advierten que podrían producirse más salidas.

¿Cuarentena o crisis estructural?

¿Hasta qué punto estas decisiones responden al contexto de crisis por el Covid-19 o se relacionan a condiciones estructurales de la Argentina, que desalientan la inversión?

Los analistas coinciden en que la pandemia fue “la gota que rebalsó el vaso” y argumentan que la cuarentena profundizó la recesión. A la parálisis de la actividad económica, que ya se encontraba deteriorada, se sumó un clima de mayor incertidumbre.

“La falta de estímulos es el principal driver que motiva a las compañías a irse del país, junto con la desconfianza que genera el mercado local y las reglas de juego que impone. El mal clima de negocios y la dificultad para mover capitales conspiran también contra la decisión de quedarse. Las firmas que operan en industrias donde el Estado tiene una mayor injerencia o la capacidad de regular, de manera directa o indirecta, son más propensas a dejar la Argentina”, dice Ignacio Aquino, socio de Corporate Finance de PwC Argentina.

Las empresas se ven obligadas a adaptarse, rever su estructura de costos y ser más eficientes. “Las que atraviesan graves problemas financieros son las que más evalúan su continuidad”, enfatiza Aquino.

“Las recientes medidas económicas y el mayor control de capitales quitan previsibilidad y aceleran la desinversión. La reconfiguración de los portafolios se enfoca en mercados de alto riesgo o poco crecimiento, donde, lamentablemente, figura la Argentina”, sostiene Juan Tripier, Senior Manager de First Capital Group.

Para Mario Caramutti, socio de Finanzas & Gestión, se suman factores políticos que “ahuyentan” a los empresarios, sobre todo a los de sectores regulados por el Gobierno. Enumera antecedentes como el intento de intervención a Vicentin, el avance sobre Edesur y la regulación a las telecomunicaciones. 

Las empresas que pueden seguir: los sectores más perjudicados

Las compañías que se retiran de la Argentina pertenecen a las industrias más impactadas por la pandemia. Retail (supermercados, tiendas departamentales y cadenas de fast food) junto con turismo y autopartes son las más perjudicadas. En consecuencia, se perfilan como posibles candidatas a armar las valijas.

Por caso, en las últimas semanas, empezaron a correr rumores de que Alsea (la operadora de Burger King y Starbucks), Cencosud y Walmart buscan compradores, aunque las empresas lo desmienten. 

“En turismo y retail podrían producirse salidas, industrias golpeadas debido a la baja del consumo por el lock down producto de seis meses de aislamiento. Otros sectores comprometidos son el lácteo, el agro, el textil y el cuero, dado que sufren la brecha cambiaria: importan a un tiempo de cambio libre y exportan al oficial”, opina Caramutti.

Independientemente de la industria, el consultor aclara que, influye también la procedencia de las empresas. “Para muchas multinacionales, la Argentina perdió atractivo. Es más factible que se retiren ellas antes que las regionales”, comenta.  

“Si bien todos los sectores se verán impactados, algunos quedarán mejor posicionados. Turismo, aviación, gastronomía, retail, petróleo y gas, y automotriz enfrentan muchos desafíos. En estos rubros, ya hubo anuncios de venta y cierre”, indica Tripier, y añade que, para sobrevivir, “tendrán que mutar y adaptarse”.

Según Aquino, la solución más efectiva es la venta y la salida del país. “De esta manera, se minimiza el impacto en el negocio. El traspaso de la operación a otro jugador, que continúa administrándolo, genera un ahorro de costos para el comprador, ya que muchas veces se evita el pago de indemnizaciones y deudas”, señala. 

Pero es factible que muchas empresas no encuentren compradores y busquen alternativas. “Si el intento de venta falla y se cae la operación, el plan b es pensar en otras opciones, que, posiblemente sean menos beneficiosas para el vendedor, ya que deberá asumir él los costos. Así, empieza el operativo de desarme, para desprenderse de un área de negocio, un activo físico o una marca que ya no se considera estratégica”, explica el socio de PwC.

Las empresas que se alejan de la Argentina

Las aerolíneas son algunas de las empresas que protagonizan el éxodo. En total, son cuatro las que abandonaron sus operaciones en el país. Tres de ellas anunciaron que no retomarán los vuelos una vez que se levanten las restricciones a la actividad aeronáutica y cerraron sus oficinas en la Argentina. 

La primera en anunciar su salida fue Air New Zealand. Ante el cierre de las fronteras y el avance del virus, en marzo suspendió los vuelos hasta el 30 de junio. Pero al mes siguiente comunicó que la suspensión era definitiva, por lo que canceló su servicio entre Buenos Aires y Auckland (Nueva Zelanda), la única conexión directa entre el país y Oceanía. La compañía empezó a operar en el país en 2015 y llegó a tener hasta cinco frecuencias semanales en temporada alta.

El caso más resonante fue el de LATAM Airlines en junio, luego de 15 años de presencia en el mercado doméstico. Aunque continuará operando vuelos internacionales desde y hacia Buenos Aires, lo hará a través de sus filiales regionales. El cierre de la operación local implica la pérdida de más de 1700 puestos de trabajo.

A Latam, le siguió Qatar Airways, que a fines de agosto confirmó que deja de volar su ruta Buenos Aires-Doha “debido al impacto del Covid-19 y las condiciones negativas del mercado”.La aerolínea de origen catarí volaba desde 2010 en el país.

Por su parte, Emirates cesará su actividad en la Argentina por tiempo indefinido y otorgará un plan de retiros voluntarios a sus empleados. La ruta Argentina-Emiratos Árabes Unidos conectaba ambos países con escalas en los aeropuertos de San Pablo y Río de Janeiro en Brasil, lo que la posicionaba como una alternativa para viajar no sólo a Oriente, sino también al país carioca.

Qatar Airways, Air New Zealand y Emirates movilizaron a 115.000 extranjeros de un total de 3,1 millones de turistas que ingresaron por vía aérea al país en 2019, según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Con sus aviones en tierra y una feroz caída de las ventas, las empresas del sector ponen en duda su superviviencia. 

Aunque los laboratorios resultaron menos perjudicados, tampoco salieron indemnes. En julio, Pierre Fabre, dueño de Avène y Ducray, vendió su planta a Sidus, el laboratorio nacional que se encargará de la elaboración y la distribución de sus productos desde la fábrica ubicada en Virrey del Pino, en la Matanza.  

En ese mismo mes, dos fabricantes de pinturas para autos comunicaron que abandonan su negocio en el país. La estadounidense Axalta Coating Systems, dedicada a la producción de recubrimientos, informó que cierra su planta de Escobar y las oficinas administrativas radicadas allí. La firma, con casa matriz en Filadelfia atribuyó la decisión a la profundización de la crisis.

Asimismo, la alemana Basf dejará de fabricar pinturas automotrices originales (OEM) en su planta de Tortuguitas y trasladará la producción a a Brasil, al site de Demarchi en São Paulo, en el segundo semestre de 2021. La decisión responde a “un cambio de estrategia que busca optimizar la producción a nivel regional”. 

A los días de conocerse la noticia de Axalta y Basf, la francesa Saint Gobain Sekurit decidió dejar de fabricar parabrisas en su planta de Campana y mudar la producción a Brasil, desde donde atenderá al mercado local. En el país, abastecía a las plantas de Chevrolet y Renault, y proveía repuestos.

A ellas se le suman los anuncios recientes de Falabella y Glovo. La compañía chilena de tiendas departamentales cerrará cuatro locales en el país y busca un socio mayoritario para desprenderse de la operación local, que también comprende a la marca Sodimac.

Fuente: El Cronista (Revista Apertura)





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Piden a TC no favorecer a empresas con millonarias deudas tributarias | Noticias

Piden a TC no favorecer a empresas con millonarias deudas tributarias | Noticias


La bancada del Frente Amplio (FA) exhortó al Tribunal Constitucional (TC) a que este martes resuelva pensando en los intereses del país frente a la demanda que permitiría la prescripción de millonarias deudas tributarias de grandes empresas.

“Estas empresas tienen deudas millonarias con la Sunat, y gracias a múltiples maniobras legales buscan que prescriba y no se pueda cobrar”, precisó. 

Agregó que este martes el TC debe defender los intereses nacionales, ya que estas empresas buscarán que sea declarada inconstitucional la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº1421, que los obliga a pagar.

(Lea también: Ledesma pide mirada vigilante ante demanda sobre prescripción de deudas tributarias)

Indicó que son más de 150 grandes empresas con deudas de más de 9 mil millones de soles al Estado, monto que podría servir para construir hospitales, plantas de oxígeno, implementar camas UCI y recursos para enfrentar la pandemia.

El congresista del Frente Amplio, Lenin Bazán, refirió que “con el dinero de las deudas lograríamos cubrir gran parte del pago a los pensionistas de la ONP, pago a los fonavistas, bono universal y equipamiento en salud para combatir el Covid 19”.

La mencionada agrupación política pidió a la población estar vigilantes frente a este caso.

(FIN)  NDP/SMA 

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Publicado: 20/9/2020






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Todo en un solo lugar: Se unifica las aplicaciones de Facebook e Instagram empresas

Todo en un solo lugar: Se unifica las aplicaciones de Facebook e Instagram empresas

Facebook está centrando su atención en las pequeñas empresas que circulan en sus redes sociales. Este jueves, la compañía ha lanzado una nueva plataforma llamada Business Suite, dirigida a las empresas que sobreviven en esta pandemia.

Facebook Business Suite es una nueva interfaz para ayudar a las empresas ahorrar tiempo y mantenerse al día “al administrar sus páginas o perfiles en nuestras aplicaciones.”

“Esta es una inversión a largo plazo para convertirla en la interfaz principal para empresas de todos los tamaños que usan Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp”, dijo la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, en un comunicado.

La compañía planea convertitrla en la interfaz principal para empresas que usan Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp. Está disponible a nivel mundial desde ahora para pequeñas empresas y se expandirá a empresas más grandes el próximo año.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.



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Disputa entre la Sunat y empresas por deuda de S/11,000 millones se definirá en el Tribunal Constitucional

Disputa entre la Sunat y empresas por deuda de S/11,000 millones se definirá en el Tribunal Constitucional

La disputa entre un grupo de grandes empresas y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) por deudas tributarias de S/11,000 millones estaría en su última etapa.

El próximo martes 22 de septiembre, el Tribunal Constitucional (TC) se pronunciará sobre la demanda que prescribiría el cobro de los S/11,000 millones a las empresas demandadas.

El día del debate se revisará la propuesta del magistrado Ernesto Blume, que considera fundada la demanda de inconstitucionalidad planteada por el Colegio de Abogados de La Libertad.

Lo que plantean es que se declare inconstitucional la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 1421, la cual indica que el plazo para exigir el cobro de una deuda tributaria se cuenta desde que se notifica la misma a la empresa infractor.

De aprobarse la demanda, se abriría una compuerta legal para que un importante grupo de empresas anulen sus probables deudas con el fisco, sin llegar a discutirlas completamente en las instancias correspondientes.

Sin embargo, el Colegio de Abogados de la Libertad señaló este miércoles que desisten de la Acción de Inconstitucionalidad.

Pese a esto, el gremio profesional indican que una vez admitida la demanda no procederían al desistimiento.

De acuerdo con Ojo Público, la demanda habría sido impulsada por el Estudio Gálvez & Dolorier. Este bufete de abogados tienen entre sus clientes a 233 empresas que han apelado notificaciones tributarias recibidas entre el 2008 y 2012.

De esas 233 compañía, 22 empresas concentran S/9,400 de los S/ 11 mil millones en disputa.



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Empresas extranjeras salen de Argentina en medio de la crisis

Empresas extranjeras salen de Argentina en medio de la crisis

En los últimos meses un grupo de empresas de capital extranjero han anunciado su salida o la venta de sus acciones en Argentina.

La situación se da en medio del impacto económico causado por la pandemia. Pero, esta no es la única razón.

La economía argentina lleva dos años consecutivos en recesión y con un alto nivel de inflación, por la que ha tenido que reestructurar el 99% de su deuda por unos US$66.000 millones con ayuda de acreedores externos.

Esto sumado al elevado incremento en el precio del dólar convierten al país sudamericano en un riesgo para las inversiones.

¿Qué empresas han decidido salir de Argentina?

Entre las compañías que han decidir alejarse del mercado argentino están la la aerolínea chilena Latam. La empresa, que tenía 1,700 empleados en Argentina, anunció en julio el cierre de sus operaciones en debido a la faltra de viabilidad en la industria local.

Un reciente caso de una empresa que ha vendido sus operaciones en el país latinoamericano es Glovo. La empresa cedió sus operaciones a Delivery Hero por US$ 272 millones.

La compañía anunció que funcionar hasta octubre de este año. Pero, los repartidores con los que operaba podrán pasar a trabajar para la nueva empresa compradora.

Otras multinacionales que decidieron retirarse o reducir sus operaciones en Argentina son la estadounidense Axalta;las alemanas BASF y Gerresheimer; y las francesas Pierre Fabre y Saint Gobain Sekurit.

En el caso del grupo chileno Falabella se anunció el cierre de cuatro de sus 19 tiendas ubicadas en Buenos Aires.

La empresa dedicada al sector retail señala que en dicho país sus ingresos retrocedieron un 58.9%. Para continuar operando están en busca de un socio estratégico.



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Ejecutivos de empresas se centran más en el talento humano a partir de la pandemia

Ejecutivos de empresas se centran más en el talento humano a partir de la pandemia

La recuperación de la pandemia no significará un retorno a la normalidad, sino que muchos cambios que se generaron llegaron para quedarse, como la necesidad de desarrollar negocios sustentables y amigables con el entorno, la potenciación del mundo digital para poder operar y la confianza en la gente. 

De hecho, la importancia de valorar a las personas en los ámbitos laborales -en cuanto a apreciar las relaciones interpersonales y cuidar a los demás- es un indicador que venía creciendo en muchas empresas en los últimos años, pero la crisis sanitaria lo ha llevado al primer lugar en la escala de factores considerados prioritarios por los directores ejecutivos.

Estas conclusiones surgen de la Sexta Edición del CEO Outlook de KPMG, que contó con 1.300 entrevistas a los CEO de las principales economías del mundo y 270 CEO de América del Sur -incluido Uruguay- en el mes de enero, con el objetivo de comprender sus principales preocupaciones, prioridades, retos y expectativas en materia económica y empresarial.

Este año el estudio incluyó un capítulo dedicado al impacto del aislamiento causado por el covid-19 en las empresas, con entrevistas adicionales realizadas en julio y agosto.

Apuesta por la gente

Gran parte de los directores ejecutivos considera fundamental mantener la confianza de los empleados, clientes y comunidades para salir adelante, y piensan que para ello deben ajustar sus prioridades en función de los cambios suscitados a raíz de la pandemia.

Esto significa ayudar a construir las bases de una economía verde sostenible y una comprensión profunda de cómo cambiará el comportamiento del cliente de ahora en más y cómo satisfacer las nuevas demandas emergentes.

“Si bien la pandemia ha brindado a las empresas la oportunidad de demostrar cómo pueden marcar una diferencia real en la sociedad, el escrutinio de las acciones corporativas tampoco ha sido nunca más fuerte”, advierte el informe.

Del estudio surgieron tres temas claves, llamadas tres P: Propósito, Prioridades y Prosperidad. 

El primer tema se refiere a que la mayoría de los directivos vieron que el objetivo principal de sus organizaciones pasó de ser puramente lucrativo a considerar también su propósito en la sociedad. De hecho, 79% de los encuestados dice que siente una “conexión emocional más fuerte” con su propósito corporativo desde que comenzó la crisis y se cuestionan si actualmente este satisface las necesidades de las partes interesadas en la sociedad.

En cuanto a las prioridades, Álvaro Scarpelli, socio senior de KPMG Uruguay, reafirma que “los líderes comienzan a centrarse más en el componente social durante este período de incertidumbre global”. 

Además de enfrentarse a los impactos de la pandemia, los directores ejecutivos reconocen que deben integrar al cambio climático entre sus prioridades, por ser una verdadera amenaza en las próximas décadas. De ahí que las empresas estén dando más importancia a los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza de sus organizaciones, en el marco de una economía nueva y sostenible.

El 65% de los encuestados piensa que la gestión de los riesgos relacionados con el clima influirá en si mantienen o no sus puestos de trabajo durante los próximos cinco años. Para avanzar, buscan duplicar los cambios estructurales que han surgido durante la crisis, como por ejemplo, hacer menos viajes de negocios después de la pandemia.

Sobre la prosperidad, 77% de los directores ejecutivos afirma que continuará aprovechando las herramientas digitales, mientras que 73% cree que el trabajo remoto ha ampliado la disponibilidad de su reserva de talentos.

Scarpelli pone el foco en que planificar el futuro es excesivamente complejo. “De ahí que las empresas se centren en la importancia del talento para sustentar y hacer crecer cualquier negocio futuro”, resumió.

 

Otros datos

65% de los directores ejecutivos dice que el avance digital también ha acelerado la creación de nuevos modelos comerciales y flujo de ingresos.

45% está de acuerdo en que la sociedad demande a las empresas altos estándares de comportamiento ético e integridad, más allá de las presiones de las regulaciones. Esto incluye estándares de sostenibilidad ambiental, diversidad, inclusión, transparencia.

67% de los encuestados afirmó que, además de los efectos de la pandemia, el cambio climático y la seguridad cibernética, las nuevas tecnologías y el territorialismo son los riesgos más importantes que enfrentan. 

 





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Cerca del 85% de empresas peruanas aportan a la lucha contra el COVID-19

Cerca del 85% de empresas peruanas aportan a la lucha contra el COVID-19

Miles de trabajadores peruanos del sector privado y sus respectivas empresas han participado de forma activa en la lucha contra la pandemia. Esta es la realidad observada por un estudio de la consultora Osmia, que identifica que el personal de cerca del 85% de las compañías contribuyó con acciones de voluntariado corporativo.

Los trabajadores que realizaron el voluntariado efectuaron entre 1 y 10 acciones, según los resultados del estudio.

Uno de los casos es el de Telefónica del Perú. Leyla Perea, jefa de los voluntarios de esta compañía explica que en lo que va de este año, más de 1,650 trabajadores de esta empresa han desplegado y liderado más de 85 actividades acciones a nivel nacional.

Algunas de las medidas consistieron en la entrega de donaciones de alimentos y productos d limpieza a albergues y centros de acogida, la donación de equipos de bioseguridad para profesionales que luchan contra la pandemia, como personal médico y bomberos y la difusión de información para niños a través de un canal de YouTube.

“Miles de familias quedaron en situación muy vulnerable y necesitábamos encontrar la forma de llegar a ellas. Por ello, los Voluntarios Telefónica lanzamos diferentes convocatorias de acciones de voluntariado corporativo”, aseveró Perea.



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Multiciplicidad de licencias laborales tiene impacto en las empresas y en el Estado

Multiciplicidad de licencias laborales tiene impacto en las empresas y en el Estado

Con la licencia laboral para atender a hijos menores de edad con diagnóstico de cáncer y una licencia a madres gestantes durante la pandemia, que fueron aprobadas recientemente por el Congreso de la República, la legislación peruana acumula 24 licencias laborales para el sector privado. En opinión del abogado laboralista César Puntriano, socio del Estudio Muñiz, es un número alto, pero que también están dispersas y no tienen mucho sustento técnico.

“El problema es la emisión de permisos y nuevas licencias que tienen una finalidad loable, pero les falta un estudio técnico detrás porque hay una multiplicidad de licencias, hay muchas y están muy dispersas. No hay claridad para las empresas sobre qué licencias existen, fuera de las clásicas por maternidad o paternidad”, comentó.

Aseguró que, si bien el objetivo es apoyar la situación de los trabajadores, los plazos deberían estar mejor sustentados, tanto en el sector privado como en el sector público, donde se tiene un problema similar, por ejemplo, con licencias para capacitaciones.

Efectos y ajustes a implementar

Precisó que los países con licencias laborales más largas son también los que tienen sistemas de salud más fuertes y donde el Estado puede ofrecer subsidios a trabajadores con problemas de salud, que no necesariamente son cubiertos por los empleadores. Además, en varios países europeos se está ofreciendo una cantidad de licencias limitadas por año, para todo uso.

“En países con una fuerte seguridad social, no es difícil pensar en licencias prolongadas. Lo que se está viendo mucho son las licencias planificadas sobre una bolsa. La tendencia es a tener una bolsa de licencias al año, con un número máximo de días al año, de los cuales el trabajador o trabajadora puede tomar esos días”, explicó.

En el caso de los trabajadores con hijos menores que tengan cáncer (Ley 31041), que se promulgó recientemente, el beneficiado puede tener hasta 12 meses de licencia. Según Puntriano, esto implica una subvención ofrecida por Essalud.

“No sé si existió algún análisis técnico para determinar que esta licencia debe durar al menos un año. También está el tema de que el dinero sale del Tesoro Público porque los primeros días de licencia los paga el empleador -los primeros 21 días- pero el resto de días los paga el Seguro Social”, indicó.

Consideró que, en estos casos, se pudo evaluar la posibilidad de reducir la jornada laboral y que parte del sueldo sea pagado por el empleador, y la otra parte, sea subsidiada. De esta manera, el trabajador podría disponer de más horas para el cuidado del menor.



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