fiscalía acordó con imputado, que será condenado sin prisión

fiscalía acordó con imputado, que será condenado sin prisión

La fiscal de Delitos Sexuales Darviña Viera, a cargo de la investigación de Operación Océano, alcanzó un acuerdo con una de las 32 personas imputadas hasta el momento por pagar o prometer retribución a menores de edad a cambio de sexo o contribuir a la explotación sexual de adolescentes. De no ocurrir ningún contratiempo o cambio de las condiciones de lo acordado, el hombre será condenado este martes tras la firma de su abogado pero no será penado con cárcel, sino con medidas alternativas a la prisión.

El acuerdo determina que el caso concluya a través de un proceso abreviado, por el cual se arribará a una sentencia que cuenta con la aceptación a priori del imputado, y ambas partes –fiscalía y defensa– evitarán de esta forma la realización de un juicio oral. Según informaron a El Observador fuentes de la investigación, la defensa del imputado accedió a los términos del acuerdo porque las pruebas con que cuenta la fiscal Viera son muy sólidas y “las posibilidades” de obtener una sentencia a favor del indagado en un juicio “son muy débiles”.

El proceso abreviado es una de las vías alternativas de resolución de conflicto que prevé el nuevo Código del Proceso Penal, en el cual los imputados obtienen una pena más benevolente a cambio de la admisión de responsabilidad en lo que se les acusa. Esta modalidad presenta también una ventaja para los fiscales ya que evita un juicio oral, lo que implica un largo proceso –de varias audiencias a lo largo de semanas– para el que hay que destinar recursos y tiempo.

Allegados a la defensa del imputado –quienes solicitaron mantener su nombre en reserva– reconocieron que el hombre mantuvo un diálogo a través de la red social Tinder con una de las víctimas de esta causa cuando ella era menor de edad, en la que él le ofreció dinero para mantener relaciones sexuales, pese a que según la defensa del imputado el encuentro no se concretó.

El artículo 4º de la ley 17.815 del 2004 –que es el que se imputará en este caso– castiga al que “pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, será castigado con pena de dos a doce años de penitenciaría”.  

De todas maneras, de acuerdo a lo argumentado por el indagado y su defensa, el hombre no supo que la víctima era menor, y según manifestó ante la fiscal partió de la base de que en Tinder no hay personas con menos de 18 años.

Consultada sobre el tema por El Observador, la fiscal Viera declinó hacer comentarios o brindar información.

Hasta el momento, desde la primera audiencia de formalización de mediados de mayo, además del delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad, la fiscalía ha logrado que haya imputados por el delito que castiga a los adultos que tienen contacto virtual con menores para mantener conversaciones de connotación sexual, el que pena a los contribuyan a la explotación sexual de menores, prexenetismo y otros delitos sexuales.

La principal víctima de la investigación, no obstante, admitió haber usado dos cédulas falsas con las que engañaba a los adultos para que no supieran que era menor, y este punto es una de las estrategias a la que se aferran varios penalistas que defienden a los imputados.

En una audiencia que tendrá lugar el 8 de octubre, la jueza Adriana de los Santos pondrá a consideración de las partes de qué forma se va a realizar la declaración anticipada de esta joven –que hoy es mayor de edad–. Eso es algo que está dispuesto en el artículo 76 de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, en donde se establece que “a solicitud de la víctima o del Ministerio Público, el Tribunal dispondrá el diligenciamiento de prueba anticipada (…) sin necesidad de otra fundamentación”.

El principio

La investigación tiene dos fechas de comienzo. La primera data de noviembre de 2019, cuando una persona que estaba caminando por una calle en Maldonado advirtió que un hombre discutía a los gritos y “forcejeaba” con dos adolescentes, y decidió llamar a la policía. Una de las adolescentes de esa denuncia es hoy una de las 18 víctimas de la causa. 

La otra fecha de referencia es marzo de este año. Por entonces, el Departamento de Registro de Personas Ausentes del Ministerio del Interior comenzó a rastrear los pasos de una adolescente que había desaparecido ese mes. El cuerpo de esa joven fue encontrado flotando días después en el arroyo Solís Chico (Canelones). Sin embargo, los investigadores detectaron que la menor pertenecía a un grupo de adolescentes que tenían sexo con adultos a cambio de dinero, droga o ingresos a fiestas privadas.

Luego, los funcionarios de esa unidad policial encontraron que la menor había mantenido relaciones sexuales con el imputado –de nacionalidad paraguaya– y con otro adulto en un hotel, y fue así como ambas líneas de investigación empezaron a vincularse, hasta que se centralizaron en la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º Turno.





elobservador

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Madre de Dios: dictan 36 meses de prisión preventiva para catorce funcionarios implicados en tráfico de madera

Madre de Dios: dictan 36 meses de prisión preventiva para catorce funcionarios implicados en tráfico de madera

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, expuso su tesis y logró que el Poder Judicial declare fundado el pedido de 36 meses de prisión preventiva para 14 de los 29 funcionarios públicos y particulares, investigados como presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los hostiles de la Amazonía’, dedicada al tráfico ilegal de madera.

La medida sustentada en audiencia virtual por el fiscal provincial Dionisio Romualdo Quicaño Quispe, tendrá efecto mientras dure la investigación preparatoria por los delitos de crimen organizado, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico, así como cohecho activo genérico en ejercicio de la función policial.

Los funcionarios detenidos pertenecen a entidades públicas con competencia funcional en materia ambiental como: la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Madre de Dios (hoy Gerencia Regional), la División de Protección del Ambiente de la PNP y la SUNAT.

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TESIS FISCAL

Según la tesis fiscal, esta organización habría facilitado documentación a los blanqueadores de madera para el transporte ilegal de la mercadería; además de omitir el registro, control y verificación de los volúmenes de madera movilizados.

También habrían alertado ante la ejecución de operativos. Asimismo, coordinaban el tránsito de vehículos con la ilegal carga.

La investigación y elaboración del requerimiento se realizó con el apoyo del fiscal provincial Filmo Pimentel Flores Fiscal, y los fiscales adjuntos Albert Leva Cascamayta, Eber Huallpa Tecsi, Gladys Flores Quispe y Sandro Chacón Yanqui.

DATO

– El pedido de prisión preventiva para los otros investigados restantes se realizará en los próximos días.

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Prisión domiciliaria de dos años contra Nadine Heredia sustituye a la preventiva

Prisión domiciliaria de dos años contra Nadine Heredia sustituye a la preventiva

El fiscal coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, afirmó que la prisión domiciliaria dictada contra la ex primera dama Nadine Heredia es una medida que sustituye a la detención preventiva en el marco de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En diálogo con TV Perú, señaló que la sala ha determinado que en este caso no solo existe sospecha de delitos, sino también de “actos de entorpecimiento” de parte de la esposa del expresidente Ollanta Humala.

“La prisión domiciliaria es una medida sustitutiva de la prisión preventiva por la pandemia del COVID-19. Técnicamente hablando, si no existiera la pandemia, la señora Heredia estaría con una medida de prisión preventiva”, expresó.

“La sala ha reconocido que el Ministerio Público tiene un caso sólido, que plantea hipótesis concretas de investigación y que hay una sospecha grave de la comisión de estos delitos dentro del caso Gaseoducto del Sur”, añadió.

Vela Barba indicó que si bien la Sala Penal Anticorrupción no ha razonado de la misma manera en el caso de los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga, los incluye en el nivel de “sospecha grave”.

“En el caso de la señora Heredia, ella tiene imputaciones relacionadas con obstrucción procesal. La sala también ha valorado la intervención de su abogado, Wilfredo Pedraza, buscando tratar de intervenir en los testimonios espontáneos de otra persona investigada, que es el señor (Jorge) Merino Tafur”, acotó.

Vela explicó que la presencia de Heredia Alarcón posiciona la tesis de que intervino ilegalmente a favor de la empresa Odebrecht, algo que se inició con el aporte de U$S3 millones para su campaña electoral a través de la Caja 2, a fin de comprometerlos en el otorgamiento de obras públicas, como el Gaseoducto del Sur.

“La señora Heredia no tenía por qué intervenir en ningún aspecto de carácter técnico y siempre estaba presente tomando decisiones, escuchando, resolviendo problemas, todos ellos –según la hipótesis del Ministerio Público- para favorecer a Odebrecht”, enfatizó.

Finalmente, Vela detalló que el Poder Judicial también ha valorado que Nadine Heredia no puede ser enviada a un centro penitenciario debido a que padece una hipertensión arterial “que pone en grave riesgo su vida y salud”.

Como se recuerda, el último viernes el Poder Judicial dictó arresto domiciliario en contra de la ex primera dama Nadine Heredia, como parte de las investigaciones por presuntos delitos cometidos en la licitación del Gasoducto Sur Peruano a favor de Odebrecht.

El Ministerio Público le imputa dos delitos: colusión agravada, por supuestamente haber pactado con funcionarios de Odebrecht la concesión del Gasoducto o la figura de ‘funcionaria de facto’, y asociación ilícita para delinquir por presuntamente haber conformado una organización criminal al interior del gobierno de su esposo.



diariocorreo

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Prisión domiciliaria contra Nadine Heredia sustituye a la preventiva, afirma fiscal Rafael Vela

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El fiscal coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, afirmó que la prisión domiciliaria dictada contra la ex primera dama Nadine Heredia es una medida que sustituye a la detención preventiva en el marco de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En diálogo con TV Perú, señaló que la sala ha determinado que en este caso no solo existe sospecha de delitos, sino también de “actos de entorpecimiento” de parte de la esposa del expresidente Ollanta Humala.

“La prisión domiciliaria es una medida sustitutiva de la prisión preventiva por la pandemia del COVID-19. Técnicamente hablando, si no existiera la pandemia, la señora Heredia estaría con una medida de prisión preventiva”, expresó.

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“La sala ha reconocido que el Ministerio Público tiene un caso sólido, que plantea hipótesis concretas de investigación y que hay una sospecha grave de la comisión de estos delitos dentro del caso Gaseoducto del Sur”, añadió.

Vela Barba indicó que si bien la Sala Penal Anticorrupción no ha razonado de la misma manera en el caso de los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga, los incluye en el nivel de “sospecha grave”.

“En el caso de la señora Heredia, ella tiene imputaciones relacionadas con obstrucción procesal. La sala también ha valorado la intervención de su abogado, Wilfredo Pedraza, buscando tratar de intervenir en los testimonios espontáneos de otra persona investigada, que es el señor (Jorge) Merino Tafur”, acotó.

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Vela explicó que la presencia de Heredia Alarcón posiciona la tesis de que intervino ilegalmente a favor de la empresa Odebrecht, algo que se inició con el aporte de U$S3 millones para su campaña electoral a través de la Caja 2, a fin de comprometerlos en el otorgamiento de obras públicas, como el Gaseoducto del Sur.

“La señora Heredia no tenía por qué intervenir en ningún aspecto de carácter técnico y siempre estaba presente tomando decisiones, escuchando, resolviendo problemas, todos ellos –según la hipótesis del Ministerio Público- para favorecer a Odebrecht”, enfatizó.

Finalmente, Vela detalló que el Poder Judicial también ha valorado que Nadine Heredia no puede ser enviada a un centro penitenciario debido a que padece una hipertensión arterial “que pone en grave riesgo su vida y salud”.

Como se recuerda, el último viernes el Poder Judicial dictó arresto domiciliario en contra de la ex primera dama Nadine Heredia, como parte de las investigaciones por presuntos delitos cometidos en la licitación del Gasoducto Sur Peruano a favor de Odebrecht.

El Ministerio Público le imputa dos delitos: colusión agravada, por supuestamente haber pactado con funcionarios de Odebrecht la concesión del Gasoducto o la figura de ‘funcionaria de facto’, y asociación ilícita para delinquir por presuntamente haber conformado una organización criminal al interior del gobierno de su esposo.

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El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huaraz (Áncash) condenó a 20 años de cárcel a un sujeto hallado responsable del delito de violación sexual en agravio de una mujer de 43 años que padece de esquizofrenia.

El hecho ocurrió en mayo del año pasado en el sector de Parihuanca del distrito de Marcará en la provincia de Carhuaz.

La fiscal Karina Liliana Hidalgo Ciña de la Fiscalía Provincial Mixta de Marcará, a cargo de la investigación, reunió pruebas suficientes para demostrar que Fortunato Félix Flores Reyes (41) abusó de su víctima, a quien interceptó cuando salía de su trabajo y tras tomarla de la mano la llevó a su sector descampado.

Durante la investigación se estableció que el sentenciado aprovechó que conocía a su víctima y después de golpearla la habría ultrajado. La víctima señaló que no se trató de un acto consentido y en su intento por defenderse golpeó a su agresor. Posteriormente, contó a sus familiares lo ocurrido y denunciaron ante la Policía Nacional a Flores Reyes, quien fue detenido y recluido de manera preventiva en el penal Víctor Pérez Liento de Huaraz.

Tras varias audiencias, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huaraz condenó a 20 años de cárcel a Flores Reyes, quien fue hallado responsable del delito de violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento; además, se le impuso el pago de una reparación civil a favor de la víctima de cinco mil soles.

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El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Andahuaylas (Apurímac), Abel Meléndez Caballero, dictó nueve meses de investigación a un sujeto acusado de ultrajar y asesinar a pedradas a su exsuegra.

Se trata de Germán Contreras Altamirano (51), quienes es sindicado como el presunto autor de la violenta muerte de Matilde Perales Maucaylle (63), cuyo cuerpo fue hallado sin vida y semi desnudo en el piso de su vivienda del centro poblado de Poltocsa, en Andahuaylas.

La fiscal Miriam Llanos Mamani, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Andahuaylas, sustentó la acusación por el presunto delito de feminicidio en contra de Contreras Altamirano, quien presentó suficientes elementos de convicción que incriminan directamente al detenido.

Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Andahuaylas informaron que la madrugada del 11 de setiembre Contreras Altamirano fue sorprendidos con los ronderos que realizaban vigilancia nocturna, quienes le pidieron que se identificara. Tras ello, le preguntaron qué hacía a esas horas caminando en medio de la oscuridad y les manifestó que iba en busca de ayuda porque su suegra había sido asesinada por desconocidos.

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Los ronderos alertaron del hecho a la comisaría de San Jerónimo, cuyos agentes se desplazaron hasta la casa de la víctima, cuyo cuerpo fue hallado en el piso y evidentes heridas en la cabeza que habrían sido provocadas con una piedra que estaba cerca al cuerpo.

El presunto feminicida cayó en serie de contradicciones por lo que fue detenido.

Según las investigaciones, este sujeto habría llegado a casa de la madre de su anterior compromiso y le pidió quedarse a dormir porque era muy tarde, por la madrugada la habría ultrajado y asesinado para evitar que lo denuncie.

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Tumbes: Fiscalía pide prisión para extranjero intervenido con un millón de dólares en Zarumilla

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La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tumbes solicitó 18 meses de prisión preventiva para Víctor Eduardo Gálvez Gálvez, de nacionalidad ecuatoriana, quien fue intervenido con un millón de dólares el último miércoles 2 de setiembre.

Según el Ministerio Público, el extranjero, a la fecha, no ha logrado justificar la procedencia del dinero. El pedido de cárcel fue ingresado de manera virtual al Juzgado de Investigación Preparatoria de Zarumilla.

Tras el arresto de Víctor Gálvez, la Policía y el Ministerio Público manejaban la hipótesis de que el dinero incautado podría tener relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Esto nace a raíz de que Víctor, junto a su hermano Lucio Gálvez, ya habían sido detenidos y procesados en Ecuador en el año 2011, por precisamente estar relacionados a la red de lavados de activos de la guerrilla.

En los próximos días se establecerá una fecha para la audiencia por la supuesta comisión del delito de lavado de activos. El fiscal Carlos Otero Castillo está a cargo de las pesquisas.

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Poder Judicial rechazó pedido de Rodolfo Orellana para salir de prisión por riesgo de contagio de coronavirus

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Rodolfo Orellana continuará recluido en el penal de Challapalca, en Tacna, luego de que el Poder Judicial declaró infundado el pedido que hizo su defensa legal para que se disponga el cese de mandato del prisión preventiva de 24 meses que pesa en su contra, como parte del proceso penal que se le sigue por el presunto delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado.

El Juzgado Superior de Investigación Preparatoria del Santa desestimó la solicitud planteada para ser excarcelado por riesgo de contagio del nuevo coronavirus en este recinto penitenciario.

El fiscal superior adjunto Anticorrupción del Santa, Fredy Gutiérrez Crespo, presentó diversos informes remitidos por las autoridades del penal de Challapalca, donde se establece que el estado de salud de Rodolfo Orellana no lo ubica entre la población vulnerable al nuevo coronavirus.

Dichos documentos, sustentados en una audiencia virtual, certifican que el antecedente médico del imputado no representa gravedad, ya que se encuentra controlado y debidamente monitoreado; no presenta cuadro clínico de paciente sospechoso de la COVID-19, y que se encuentra en un ambiente personal bajo los protocolos y medidas de bioseguridad.

Asimismo, se mencionó que, según la Resolución Ministerial N.° 283-2020-MINSA, para ser considerado dentro del grupo de riesgo, no solo se debe tener un diagnóstico general, sino uno sobre la base de exámenes e informes médicos especializados que determine que la enfermedad es grave y no controlada.

La Fiscalia Superior Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa investiga a Rodolfo Orellana por un presunto pago de 25 000 dólares a 2 magistrados a cambio de emitir tres acciones de habeas corpus a favor de dos integrantes de su presunta organización criminal para que sean excluidas de los procesos penales en los que se encontraban comprendidas.



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Poder Judicial confirmó mandato de prisión preventiva contra empresario vinculado al “Club de la construcción”

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El Poder Judicial confirmó el fallo que declaró infundado el pedido que presentó Elard Tejeda Moscoso para que se disponga el cese del mandato de prisión preventiva que pesa en su contra por el caso del “Club de la construcción“.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción adoptó esta medida al desestimar la apelación planteada la defensa legal de dicho empresario para dejar sin efecto la decisión que adoptó la juez María Álvarez Camacho respecto a su pedido.

La defensa Legal de Elard Tejeda Moscoso pidió que su patrocinado afronte esta investigación preparatoria bajo comparecencia con restricciones al sostener que es el único de los implicados en el caso sobre quien pesa un mandato de prisión preventiva y que no se pone a derecho, porque ello significaría ser internado en un penal, lo cual atenta contra su salud al ser un adulto mayor que padece de hipertensión arterial, lo cual, según se adujo, lo hace vulnerable al coronavirus.

La sala superior coincidió con la juez Álvarez Camacho respecto que en este caso la orden de prisión preventiva no se encuentra en ejecución, ya que dicho empresario esta en calidad de “no habido”, condición que no permite conocer su real y actual estado de salud, lo que evidencia su ánimo de no someterse voluntariamente a la acción de la justicia.



Rpp

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EE.UU.: retiran cargos contra hombre afrodescendiente que pasó más de 20 años en prisión

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Washington. (AFP). Fiscales estadounidenses retiraron el viernes los cargos contra un hombre negro que fue juzgado seis veces por los mismos asesinatos y pasó más de 20 años en prisión.

Curtis Flowers estuvo 23 años en prisión por un cuádruple asesinato cometido en Misisipi en 1996. Él siempre mantuvo su inocencia.

El fiscal de los seis juicios fue finalmente acusado el año pasado por la Corte Suprema de Estados Unidos de esforzarse por mantener a personas negras fuera del jurado y finalmente renunció al caso.

Flowers, quien fue sentenciado a muerte cuatro veces por el caso, fue puesto en libertad bajo fianza en diciembre, aunque aún era posible otro juicio. Pero el viernes, el fiscal general de Misisipi desestimó los cargos en su contra.

“Finalmente estoy libre de la injusticia que me dejó encerrado en una caja durante 23 años”, dijo Flowers en un comunicado.

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“El día por el que he orado por fin ha llegado”.

Según la ley estadounidense, un sospechoso absuelto de un delito no puede volver a ser juzgado. Aún así, Flowers fue juzgado seis veces.

El Tribunal Supremo de Misisipi anuló cada una de las condenas y sentencias de muerte de los tres primeros juicios por conducta indebida del fiscal. Los dos siguientes terminaron sin decisión del jurado.

En 2010 Flowers fue condenado por última vez y sentenciado a muerte.

Pero esta decisión fue anulada en 2019 por la Corte Suprema de Estados Unidos debido a lo que consideró un “esfuerzo incansable y decidido de un fiscal para eliminar del jurado a individuos negros”.

Ese fiscal, Doug Evans, había estado en el caso desde el principio.

En enero accedió a retirarse del caso y la fiscal general del estado, Lynn Fitch, inició el proceso desde cero.

Ella pidió que se desestimara el caso y un juez estuvo de acuerdo.

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