Iniciarán proceso de arbitraje en programa de vivienda Ciudad Salaverry en Arequipa

Iniciarán proceso de arbitraje en programa de vivienda Ciudad Salaverry en Arequipa

Como un proceso de conciliación, el Consorcio Ciudad Salaverry iniciará un proceso de arbitraje con el Ejército Peruano con la finalidad de tener un documento de respaldo que permita suspender el pago restante de 15 millones de soles hasta que se tenga el saneamiento físico legal del terreno subastado, ya que en un sector del predio está ocupado, anunció el gerente del programa de vivienda, Antonio Zavala.

“Las 181 hectáreas que subasta el Ejército Peruano no coinciden con Registros Públicos. Al menos en 80 hectáreas se edificó el pueblo joven Tahuantinsuyo, buscamos el saneamiento físico legal. El consorcio (Ciudad Salaverry) depositó al Ejército el 75 % del total del pago, quedando pendiente 15 millones de soles”, explicó. 

De los 3,520 lotes de Ciudad Salaverry se vendieron 1,980, de las cuales el 75% fue adquirido por arequipeños, el 25% entre puneños, cusqueños, moqueguanos, tacneños y seis chilenos.

Por la pandemia de la COVID-19 se retrasó el diseño de la habilitación urbana, situado en el distrito de Mariano Melgar. Sin embargo, ayer anunciaron que estará lista el 31 de mayo del 2021 y en junio comenzarán las edificaciones.

Zavala informó que lanzarán a la venta 400 terrenos de 150 m2 a 36 mil soles y 300 lotes de 120 m2 a 28 mil soles. Con ese dinero ayudarán a financiar las construcciones de los servicio. A Sedapar presentarán la propuesta de ampliación de límites de factibilidad porque existen reservorios que están cerca de los terrenos del programa de vivienda para que suministre agua potable.



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Abogado de Martín Vizcarra sostiene que no hay hechos que ameriten un proceso de vacancia

Abogado de Martín Vizcarra sostiene que no hay hechos que ameriten un proceso de vacancia

El abogado Roberto Pereira asumió esta mañana la defensa del presidente Martín Vizcarra ante el Pleno del Congreso y manifestó que los hechos imputados contra el mandatario por el caso Richard Swing podrían tener una connotación legal pero no ameritan la vacancia en tanto no han sido corroborados.

“Que el presidente habría utilizado el aparato del Estado para obstruir la investigación, podría tener relevancia penal pero son hipótesis, indicios. No hay nada definitivo. Solo una vez que se corroboren los hechos podrían ser fuente de decisiones institucionales definitivas como la vacancia”, aseveró Pereira.

En ese sentido, argumentó que no existe ninguna norma que “habilite tomar decisiones institucionales definitivas en base a supuestos y hechos presuntamente delictivos”.

Manifestó que la calificación de hechos como delitos es una competencia exclusiva del Ministerio Público y no del Congreso.

En esa línea, subrayó que se “requiere probanza y corroboración” sobre los audios para “que solo así se pretendan desencadenar decisiones definitivas” como la vacancia presidencial.

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Pereira también indicó que el Reglamento del Congreso dispone que la moción de vacancia debe precisar las normas o los principios que transgrede el presidente. “Sin embargo, no se hace ninguna referencia en qué consistiría la causal de permanente incapacidad moral. No hay una sola palabra que explique en qué consiste o cuál es su contenido”, advirtió.

Al finalizar su exposición, el letrado indicó que el Congreso tiene una “extraordinaria oportunidad” para demostrarle al país que se puede conducir por el cauce de la Constitución y tener “criterios racionales y resolver conflictos institucionales y no incentivarlos o mantenerlos indefinidamente en el tiempo”.

“En estas curules ha habido personajes ilustres que han contribuido a la nación. Menciono algunos: Raúl Porras Barnechea, Ramiro Prialé, Héctor Cornejo Chávez, Valentín Paniagua, Enrique Bernales. Personas que se puede leer en las actas de debate de Constituyentes y que realmente enriquecen la institucionalidad del país. Invoco a la representación nacional a seguir la senda de estos personajes porque han enriquecido la institucionalidad del país y no como otros que lamentablemente la han empobrecido”, subrayó.

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Congreso debatirá vacancia de Martín Vizcarra: preguntas y respuestas claves sobre el proceso

Congreso debatirá vacancia de Martín Vizcarra: preguntas y respuestas claves sobre el proceso

Este viernes 18 de setiembre el pleno del Congreso tiene previsto sesionar para discutir y votar el pedido de vacancia presentado en contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, tras el escándalo desatado por unas conversaciones difundidas con su círculo más íntimo y que lo involucran con el cantante Richard Swing.

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La moción, que argumenta una supuesta incapacidad moral para que Vizcarra continúe en el cargo, fue presentada el último 10 de setiembre y está suscrita por legisladores de diversas tiendas políticas. Esta fue admitida al día siguiente, convocándose al jefe del Estado para que concurra a ejercer su derecho de defensa este viernes ante la Representación Nacional.

En ese interín, el mandatario presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC), a través del procurador del Ministerio de Justicia, y, al mismo tiempo, una medida cautelar. Todo ello en medio de acusaciones a algunos miembros del Congreso de conspiraciones y complots.

Luis Huerta, procurador en temas constitucionales del Ministerio de Justicia, presentó la demanda contra la moción de vacancia ante el Tribunal Constitucional. (Foto: GEC)
Luis Huerta, procurador en temas constitucionales del Ministerio de Justicia, presentó la demanda contra la moción de vacancia ante el Tribunal Constitucional. (Foto: GEC)

Este jueves se conoció que el TC decidió admitir a trámite la demanda planteada (con seis votos a favor y uno en contra), pero rechazó la cautelar (con cinco votos a favor y dos en contra), una medida con la que se buscaba detener el proceso iniciado contra de Vizcarra en el Parlamento.

¿Qué implica la decisión del Tribunal Constitucional?

El expresidente del TC Óscar Urviola remarcó al haberse admitido a trámite la demanda, solo se ha verificado que la misma cumple con los requisitos mínimos formales, pero no se ha evaluado aun el tema de fondo que es objeto de controversia.

“El tribunal ha llegado a la conclusión de que se debe dar la partida (el inicio) a este proceso. ¿Qué implica? El siguiente paso es notificar de este auto al Congreso para que en el término de 30 días proceda a contestar la demanda”, refirió Urviola en diálogo con Perú21.

Igualmente, el constitucionalista Luciano López dijo que, en términos sencillos, el TC ha decido “abrir un juicio” y que ahora el Parlamento, que es el demandado, deberá presentar sus descargos. Estimó que a raíz de los antecedentes de la disolución del Congreso y la demanda por el caso del cobro de peajes, podría pasar entre tres a cinco meses antes de conocer la decisión final del TC.

Ahora bien, por otro lado, el exmagistrado Urviola detalló que el haber rechazado la medida cautelar implica que el proceso de vacancia al interior del Congreso “puede seguir su curso normalmente”. Esto pues, en sentido estricto, no hay ningún impedimento legal para que el Parlamento continúe con este trámite.

¿Es correcto decir que ya no hay riesgo de vacancia?

La presidenta del TC, Marianella Ledesma, ha declarado que uno de los argumentos para rechazar la medida cautelar es que “el riesgo a que esto suceda (una vacancia) se ha debilitado”, tras declaraciones que han brindado “dirigentes y las bancadas”.

Marianella Ledesma 17-09-2020

Para Luciano López, si ese es el argumento, entonces los magistrados “han cometido una gran equivocación”. “Porque si están diciendo que el riesgo se aminora por las declaraciones de los principales líderes políticos, entonces nos están diciendo de que han dado un voto de confianza a los partidos que han promovido esta vacancia. Y si esto es así, la evaluación de riesgo no ha sido lo suficientemente objetiva sino meramente subjetiva: confiar en la palabra. No digo que la palabra no sea confiable, sino que es un criterio subjetivo”, remarcó.

Idéntica postura tuvo el exmagistrado Órscar Urviola. Para él, esta alegación es “impertinente”, pues no está basada en hechos fácticos. “En todo caso, esa es una suposición que no tiene ningún asidero en lo que puede servir a un tribunal para resolver, que son las evidencias que tiene en el expediente. Pero por noticias, informaciones o trascendidos no se puede llegar a una conclusión de este tipo. En este tema no se podría considerar esa situación porque nadie sabe lo que puede pasar en el Congreso”, advirtió.

¿Está obligado a ir el presidente a la sesión de este viernes 18?

Los dos especialistas consultados remarcaron que no. “No está obligado. El procedimiento prevé que él tiene derecho a su defensa. El derecho a la defensa es eso, un derecho, por lo tanto, una facultad. Si tú quieres te defiendes y sino no”, comentó López.

Agregó que Vizcarra podría ir a defenderse al pleno del Congreso de forma personal o, si así lo desea, en compañía de un abogado. O podría acudir solo su defensa o simplemente también decidir no acudir.

Esto precisamente se plasma en la carta que le dirigió a Vizcarra el presidente del Legislativo, Manuel Merino, convocándolo para la sesión de mañana.

Oficio dirigido al presidente Martín Vizcarra, luego de que el Congreso admita la moción presentada en su contra y que pretende su vacancia por incapacidad moral permanente.
Oficio dirigido al presidente Martín Vizcarra, luego de que el Congreso admita la moción presentada en su contra y que pretende su vacancia por incapacidad moral permanente.

Urviola detalló, en ese sentido, que asista o no el jefe del Estado, el proceso no se detendría. “No abonaría ni perjudicaría en nada (si no acude)”, detalló.

Este jueves se conoció que Roberto Pereira será el abogado que representará a Vizcarra en la sesión plenaria. No se confirmado si acudirá junto al presidente.

¿Cuántos votos se requiere para que una vacancia prospere?

Se mantienen los 87 votos (“votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso”, se estipula en el Reglamento).

Los magistrados del TC rechazaron realizar una exhortación, que se había planteado inicialmente, con el fin de elevar la valla a los votos a 104 como mínimo para aprobar una la vacancia presidencial.

Y, precisamente, tanto Urviola como López coincidieron en que este es un tema que tendría que haberse visto, en todo caso, al revisar el fondo del caso pero no en el marco de una medida cautelar.

“La regla de calificación de 87 votos es una regla que está establecida en una norma con rango legal, porque es el Reglamento del Congreso, y que fue editada como una recomendación de una recomendación del TC en el 2003. En un proceso de esta naturaleza como es el competencial, no se discuten normas con rango de ley”, hizo hincapié López.

¿Y qué pasa si es que se aprueba la vacancia de Vizcarra?

A opinión de Urviola, si bien la demanda al interior del TC sigue su curso, de llegarse a aprobar la vacancia el jefe del Estado ya no podría retornar al poder, incluso si la sentencia saliera, posteriormente, a su favor.

“Ya sucedió con el tema de la disolución del Congreso. (…) El tribunal hizo una interpretación para futuro, pero no para atrás. Aquí podría decir lo mismo, que ‘en lo sucesivo se va a interpretar que la causal de vacancia prevista en el artículo 113 sobre permanente incapacidad moral debe interpretarse en estos términos’. Pero ya no podría ser aplicada a un hecho que ha tenido lugar antes de la sentencia, porque la sentencia del tribunal no es retroactiva”, advirtió Urviola.

En ese sentido, de aprobarse una vacancia, a opinión del exmagistrado, se aplicaría el artículo 115 de la Constitución, que indica que el presidente del Parlamento asume el mando. “Y no solamente es que el presidente del Congreso asume, sino que de inmediato tiene que convocar a elecciones”, añadió Urviola.

Similar postura tuvo el constitucionalista Luciano López, quien remarcó que “es una situación compleja” y que el TC, al negar la cautelar bajo esos criterios, “ha tomado una decisión de lo más riesgosa”. “Nos ha colocado al país prácticamente en un enorme riesgo”, apuntó.

“Yo lo veo bien difícil (si es que se aprueba la vacancia pueda luego Vizcarra volver al poder) porque en el criterio establecido en el caso de la disolución, que eran hechos consumados, públicamente incluso los magistrados dijeron: cualquier decisión que tomemos ya no va a ser hacia atrás. Como ese es el criterio establecido, me parecería difícil que se cambie”, mencionó consultado sobre este punto.

¿Y qué pasaría si la vacancia es denegada por el Congreso?

Al igual que en el caso anterior, Urviola señaló que la demanda seguiría su curso y que, en su sentencia, el tribunal daría los alcances sobre la permanente incapacidad moral, objeto en cuestión en la demanda, los cuales quedarían vigentes para el futuro.

“Como parte del petitorio es que el tribunal establezca las pautas para hacer la interpretación de los alcances de la permanente incapacidad moral, ese es un asunto sobre el cual se puede deliberar y dictar pautas sobre ello”, precisó.

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TC: Marianella Ledesma será la ponente en demanda competencial contra proceso de vacancia

TC: Marianella Ledesma será la ponente en demanda competencial contra proceso de vacancia

El Tribunal Constitucional (TC) acordó este martes designar a su presidenta, Marianella Ledesma Narváez, como la ponente del expediente de la demanda competencial presentada por el Ejecutivo para frenar el proceso de vacancia iniciado en el Congreso contra el presidente Martín Vizcarra.  

A través de un comunicado en sus redes sociales, el TC informó que por acuerdo unánime, Ledesma “será la única vocera autorizada para dar a conocer el estado de esta causa”. 

Además, el tribunal rechazó enérgicamente la filtración de información de acontecimientos que tuvieron lugar este martes en la sesión del Pleno del TC.  En el comunicado recordó que “dichas sesiones, salvo decisión distinta adoptada por el Colegiado, tienen caracter estrictamente reservado”

En la víspera, el Ejecutivo presentó una demanda competencial con una medida cautelar ante el TC para que determine cómo debe interpretarse la causal de vacancia por incapacidad moral permanente utilizada por la moción aprobada por el Congreso.

Días antes, en entrevista con RPP Noticias, la ministra de Justicia, Ana Neyra explicó que con esta medida esperarán que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la medida cautelar y pedirían que hasta que este organismo no resuelva la demanda final, “no se pueda avanzar con el trámite de la vacancia”. Esto, ante la posibilidad de que el jefe de Estado pueda ser vacado el próximo viernes 18 cuando ha sido citado al Parlamento para dar sus descargos.

Luego de presentar la demanda, el procurador en temas constitucionales del Ministerio de Justicia Luis Huerta consideró necesario que el Tribunal Constitucional precise lo que debe entenderse por incapacidad moral permanente empleada por el Congreso para promover la vacancia presidencial debido a que esta figura “no puede ser empleada como un mecanismo de control político”.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado explicó que la demanda es contra “un acto” del Congreso de la República, a diferencia de un recurso de inconstitucional que puede presentarse ante una ley y para el cual se debe esperar a que esta sea aprobada y promulgada en el diario oficial El Peruano.

El representante del Ministerio de Justicia insistió en que la postura del Ejecutivo es que el Congreso “está haciendo un uso indebido” de su competencia para declarar la vacancia por incapacidad moral permanente, el cual está “avalado” por el Tribunal Constitucional. En ese sentido, calificó de “absurdo” que para algunos abogados la admisión de esta demanda competencial deba declararse improcedente.

 

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Confiep: “Un proceso de vacancia presidencial debe seguir las reglas de una investigación y estar sustentado en la Constitución”

Confiep: “Un proceso de vacancia presidencial debe seguir las reglas de una investigación y estar sustentado en la Constitución”

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) se pronunció sobre la moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, por una presunta incapacidad moral, tras la difusión de varios audios relacionados al caso ‘Richard Swing’.

En un comunicado, el gremio empresarial señaló que la “vacancia presidencial, como institución prevista en la Constitución, implica un debido proceso, serio, responsable y en resguardo de la estabilidad democrática de nuestro país”. “Cualquier proceso de esta naturaleza, por tanto, debe ser reflexivo, seguir las reglas propias de una investigación profunda y estar sustentado en la Constitución, a fin de evitar poner en riesgo la gobernabilidad del país”, indicó.

Para la Confiep, toda denuncia de acto cuestionable “debe recibir una inmediata y exhaustiva investigación y sanción de ser el caso, por el órgano jurisdiccional que corresponda”. En esa línea, remarcó que el respeto a la institucionalidad democrática refuerza la capacidad del país de continuar luchando contra la pandemia del nuevo coronavirus, más aún cuando, en menos de 7 meses, se celebrará un proceso electoral del que la ciudadanía debe estar “vigilante para que se lleve adelante con pulcritud y en los plazos ya previstos”.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas consideró, además, que la actual crisis política pone “en riesgo lo avanzado durante décadas con el esfuerzo de todos los peruanos y nos distraemos de la urgencia y la energía que requiere enfrentar unidos una coyuntura sanitaria y económica sin precedentes”.

Por último, el gremio invocó al Ejecutivo y al Congreso “poner por delante el bienestar de los peruanos”, en un momento en que el país pasa “por la peor crisis sanitaria y económica” de su historia.

El pleno del Congreso aprobó el viernes último admitir a debate la moción de vacancia con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. Poco después, el portal IDL-Reporteros reveló que el titular del Parlamento, Manuel Merino, se contactó con los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Algunos analistas y partidos, como el Frente Amplio, han interpretado esta acción como una “intentona golpista”.



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Rusia reitera que “no interfiere ni interferirá” en el proceso electoral de EE.UU.

Rusia reitera que “no interfiere ni interferirá” en el proceso electoral de EE.UU.

Moscú. (EFE). Rusia reiteró este viernes que “no interfiere ni pretende interferir” en el proceso electoral de Estados Unidos, después de que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionara a cuatro personas vinculadas al gobierno ruso por intentar influir en las elecciones de noviembre próximo, en las que el presidente Donald Trump busca su reelección.

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Déjenme recordarles una vez más que Rusia nunca ha interferido, no interfiere ni pretende interferir en el proceso electoral estadounidense”, señaló en su rueda de prensa semanal la portavoz de Exteriores, María Zajárova.

Sostuvo que Rusia ha ofrecido en más de una ocasión a Estados Unidos “abordar y resolver todas las cuestiones de forma calmada, despolitizada y dentro de un marco de diálogo respetuoso, pero no hubo nunca una respuesta” a la sugerencia de Moscú.

Con sus acciones, Washington demuestra su intención de proseguir el curso de agravar más las relaciones bilaterales. Eso es desafortunado. Sin embargo, probablemente es una elección deliberada de aquellos que diseñan la política estadounidense hacia Rusia”, indicó Zajárova.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) designó al parlamentario ucraniano Andrii Derkach (Derkach), “un agente ruso activo durante más de una década” por sus esfuerzos por influir en las elecciones estadounidenses.

Asimismo, fueron sancionados los rusos Artem Lifshits, Anton Andreyev y Darya Aslanova, a quienes identifica como empleados de la Agencia de Investigación de Internet (IRA) rusa, entidad ya sancionada por Estados Unidos por su intento de injerencia en las elecciones presidenciales de 2016 a través de ataques cibernéticos.

Asimismo, un informe publicado este jueves por Microsoft asegura que piratas informáticos de Rusia, China e Irán intentaron atacar organizaciones y personas vinculadas a las campañas de Trump y de su rival demócrata, Joe Biden, con la intención de influir en las elecciones generales de noviembre.

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Comex: ¿cómo puede beneficiar a las empresas el nuevo proceso de importación digital de Sunat?

Comex: ¿cómo puede beneficiar a las empresas el nuevo proceso de importación digital de Sunat?

Por Christian Lengua

Con el objetivo de facilitar el despacho de mercancías que ingresan al país, Sunat implementó recientemente una nueva plataforma digital para agilizar la importación de bienes. Esta medida logrará prescindir de los documentos físicos y trámites presenciales.

La entidad recaudadora anunció que este nuevo proceso de importación digital beneficiará a unas 34 mil empresas al reducir hasta en un 40% el tiempo de disposición de mercancía. Así, lo productos serán almacenados por menos tiempo en los depósitos, lo que reducirá costos.

¿Qué tanto puede beneficiar esta medida en la práctica? Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), calificó esta implementación como bastante buena, porque va en línea con todas las mejoras en el proceso de transformación digital de la aduana que viene implementando desde hace un tiempo.

Recordó que la ministra de Economía, María Antonieta Alva ya había anunciado en el CADE 2019 que hacia mediados de este año, tanto los procesos aduaneros de exportación como de importación, iban a ser 100% digitales, “lo que generaba expectativa”.

El ejecutivo de Comex resaltó que con la actual coyuntura en pandemia estas medidas se hayan potenciado. Indicó que estos avances están enmarcados en el programa de Facilitación Aduanera, Seguridad y Transparencia (FAST), que actualmente viene desarrollando Sunat. El objetivo es agilizar y transparentar los procesos de entrada y salida de mercancías en las aduanas del país, así como los procesos complementarios de control de operadores.

“Antes debías presentar los documentos en físico, mientras que ahora todo va a ser de manera electrónica, como las declaraciones, e inclusive las rectificaciones, porque si tienes un error u omisión, ahora sí lo puedes modificar”, comentó Zacnich.

Permitirá ahorro de tiempos

Con respecto al ahorro de tiempos, afirmó que en la modalidad de despacho anticipado ya había una reducción del 30% con respecto a lo normal. “Ahora será un ahorro en tiempo de hasta el 70%”. Esto favorece a los medianos y grandes importadores, como a las agencias de aduanas. Añadió que en el comercio exterior el ahorro de tiempo se traduce en reducción de costos en la cadena de exportación. Y va en línea con el cuidado de la salud al ser todo digital.

Remarcó que esta medida complementa a la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). “Muchos productos dependen de la demanda interna como externa. En medio de la pandemia, estas medidas son alentadoras. Porque cuando pase la pandemia, ya te agarra fortalecido en materia de competitividad y logística en la cadena de comercio exterior de cara al 2021”.

¿Y LA EXPORTACIÓN?

Hace más de un mes, también se anunció la facilitación de trámites documentarios de exportación a través del VUCE 2.0. “Se están haciendo cosas en comercio exterior, porque ampliar mercados en este momento es difícil, ya que todos están con el foco de salir de la pandemia cuanto antes”.

Zacnich puntualizó que esto ya se está viendo reflejado en los principales productos de exportación. Por ejemplo, la exportación de paltas ha crecido en julio. Aunque refirió que en el cálculo general habrá una caída en el acumulado del mes.



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JNE archiva proceso sancionador contra el Partido Morado durante Elecciones Congresales 2020

JNE archiva proceso sancionador contra el Partido Morado durante Elecciones Congresales 2020

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) archivó un proceso administrativo sancionador contra el Partido Morado, iniciado en Arequipa, por infracción a las normas que regulan la propaganda electoral durante la campaña por las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

La resolución N° 0293-2020-JNE indica que el proceso fue contra el entonces candidato Nicolás Talavera y se impuso una sanción de treinta (30) unidades impositivas tributarias.

Según se detalla, el pasado 30 de enero de 2020, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa emitió un informe en el que se concluyó que el Partido Morado difundió propaganda electoral “a través del empleo de una banderola con el texto ‘Nico Talavera al Congreso’, el símbolo de la organización política y la imagen del candidato”, ubicada en el cruce de la calle Toribio Pacheco con la avenida La Marina.

Esto constituye la infracción al Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, explica el documento.

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Tras la evaluación, se resolvió sancionar a la agrupación, por lo que el personero legal Marco Antonio Zevallos Bueno interpuso el recurso de apelación indicando que se cumplió con el retiro de la banderola, “por lo que la conducta infractora habría cesado y corregido”.

En ese sentido, el tribunal resolvió declarar fundado el recurso de apelación y archivar el procedimiento administrativo sancionador en contra del Partido Morado.

Asimismo, se exhortó a las organizaciones políticas a orientar de manera permanente a sus integrantes y/o afiliados en el cumplimiento de las disposiciones normativas referidas a propaganda electoral.

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Nueve farmacéuticas firman compromiso para despejar dudas sobre proceso de búsqueda de una vacuna

Nueve farmacéuticas firman compromiso para despejar dudas sobre proceso de búsqueda de una vacuna

Nueve farmacéuticas que están desarrollando vacunas contra la COVID-19 en una carrera bajo presión internacional firmaron un compromiso para “garantizar” y “priorizar” la seguridad y el bienestar de las personas vacunadas, en un intento de despejar los posibles recelos de que quienes ven que la prisa por lograr un fármaco lo antes posible pueda conducir a la relajación de los estándares científicos y de seguridad.

“Nosotras, las compañías biofarmacéuticas abajo firmantes, queremos dejar claro nuestro compromiso continuo con el desarrollo y las pruebas de las vacunas potenciales para la COVID-19 de acuerdo con altos estándares éticos y principios científicos sólidos”, aseguran las farmacéuticas.

Asimismo, expresan su esperanza de que la firma de este compromiso “ayude a asegurar la confianza del público en el riguroso proceso científico y regulatorio con el que se están evaluando las vacunas de la COVID-19 y que eventualmente puedan ser aprobadas”.

Las compañías firmantes son Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Sanofi, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Merck, Novvax y Sanoti.

En el documento, insisten en que la seguridad y la eficacia de las vacunas, incluyendo cualquier potencial vacuna para la COVID-19, es revisada y determinada por las agencias reguladoras de todo el mundo como la Administración de Medicinas y Alimentación de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

“La agencia requiere que la evidencia científica para la aprobación regulatoria provenga de ensayos clínicos grandes, de alta calidad, que sean aleatorios (…), con la expectativa de estudios diseñados apropiadamente con un número significativo de participantes extendidos en diversas poblaciones”, dice la nota.

Hace cuatro días, Moderna, una de las farmacéuticas que intenta desarrollar una vacuna, anunció que ha ralentizado las inscripciones de voluntarios para el ensayo de la vacuna contra el coronavirus que quiere desarrollar, con el objetivo de garantizar la representación de las minorías, según el director ejecutivo de la compañía, Stephane Bancel.

La compañía biotecnológica anunció el pasado julio que comenzaría, en colaboración con el Gobierno de EE.UU., uno de los ensayos más grandes del mundo para probar la efectividad de una vacuna experimental contra la COVID-19 en 30.000 voluntarios, que serían reclutados en 89 lugares del país.

La empresa ha subrayado que los ancianos, las comunidades no blancas y las personas con condiciones de salud previa son una prioridad en los ensayos de la vacuna, dado su mayor riesgo ante la enfermedad. EFE

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