Ministra Ana Neyra expuso en el Pacto Perú sobre la reforma del sistema de justicia | Noticias

Ministra Ana Neyra expuso en el Pacto Perú sobre la reforma del sistema de justicia | Noticias


La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra Zegarra, participó hoy en el Pacto Perú, donde hizo una presentación sobre la reforma de justicia que puso en marcha el gobierno actual con el objetivo de fortalecer la institucionalidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

El Pacto Perú promueve el diálogo nacional en cinco grandes temas, entre ellos la continuación de la reforma del sistema de justicia. 

Este espacio cuenta con un plazo de 45 días para la formulación de diversas propuestas de vital importancia para nuestro país de cara al bicentenario de la República, incluyendo mecanismos de implementación y seguimiento que serán puestos a consideración de las autoridades electas en los comicios del próximo año.

La ministra presentó un recuento de los avances realizados y destacó los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo, que hizo suyas las propuestas de la Comisión para la Reforma del Sistema de Justicia que se formó el año 2018.

Durante su presentación citó el caso de la reforma del ex Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, entidad que se encuentra totalmente operativa y cuya creación fue aprobada por el 86.5% de la ciudadanía vía referéndum.

Asimismo, destacó la creación de las Autoridades Nacionales de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como la aprobación de la Ley que faculta a la ONP a conciliar, desistirse, transigir o allanarse en procesos en materia pensionaria, entre otras medidas.

Remarcó que el Ministerio de Justicia está comprometido con el impulso de la reforma del sistema de justicia, y que viene trabajando propuestas concretas respecto de cuatro aspectos prioritarios: la mejora de la formación de jueces y fiscales, el fortalecimiento de los precedentes judiciales, la transparencia en la designación de jueces supernumerarios y la reforma normativa del Código Procesal Civil, la Ley del Proceso Contencioso Administrativo y la Ley General de Sociedades.

Finalmente, Neyra afirmó que su sector se encuentra a disposición de las demás instituciones del sistema de justicia para recibir propuestas y articular esfuerzos que contribuyan a la mejora de dicho sistema.

Publicado: 24/9/2020






andina

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Vizcarra promulgó la reforma constitucional que impide que sentenciados postulen a cargos públicos

Vizcarra promulgó la reforma constitucional que impide que sentenciados postulen a cargos públicos

El presidente Martín Vizcarra promulgó esta tarde la ley que impide postular a cargos públicos a las personas sentenciadas en primera instancia, la cual fue aprobada días atrás en segunda votación por el Congreso.

“Promulgo ante los peruanos la reforma constitucional que impide postular a cargos públicos a sentenciados en primera instancia. Para que, de esta manera, se garantice que en las próximas Elecciones Generales, convocadas para el domingo 11 de abril, se presenten candidatos idóneos a fin de que la ciudadanía pueda elegir a sus próximas autoridades”, señaló en un pronunciamiento.

El pasado viernes, la reforma fue puesta a segunda votación en la sesión del Pleno del Congreso luego de que varios congresistas insistieran en ver este tema antes de que se debata la admisión de la moción de vacancia presidencial.

A inicios de julio el Pleno del Congreso aprobó la reforma a la Constitución que prohíbe que los sentenciados por corrupción en primera instancia puedan postular a cargos de elección pública en los comicios del 2021.

Pese a que la reforma ya había sido aprobada, esta necesitaba una segunda votación para que entre en vigencia en las elecciones del 2021. Esta segunda votación necesitaba ser realizada antes del 28 de septiembre, por lo que el plazo estaba cerca de vencerse.

Cambios en la Constitución

Hasta hoy, la Constitución Política del Perú no prohibía la postulación de personas con sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso (es decir, delito intencional). Desde la promulgación de la Ley Nº 30717, que modificó la Ley Orgánica de Elecciones en enero de 2018, este impedimento solo aplica si la persona tiene una sentencia “consentida o ejecutoriada”; que -en términos más exactos- es aquella emitida en segunda instancia por el Poder Judicial.

A fin de reajustar esta regla y darle soporte constitucional, la ley incluye dos nuevos artículos a la Constitución: el 34-A y el 39-A. En el primero, se especifica que las personas sentenciadas en primera instancia -como autoras o cómplices- por un delito doloso, no podrían entrar en carrera a un cargo de elección popular. En el segundo, por su parte, se extiende este impedimento a personas que aspiren a trabajar en el Estado o que sean consideradas para puestos de confianza.

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‘Todo sobre el nuevo coronavirus’. En este programa, el doctor Elmer Huerta comenta el anuncio de que en Perú se realizarán estudios clínicos de la vacuna contra la COVID-19:



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Oficializan ley de reforma que impide postular a sentenciados | Noticias

Oficializan ley de reforma que impide postular a sentenciados | Noticias


El Poder Ejecutivo oficializó la ley de reforma constitucional que impide postular a un cargo público a los sentenciados en primera instancia por delito doloso.

El dispositivo legal tiene como artículo único la incorporación de los artículos 34-A y el 39-A en la Constitución, bajo el texto siguiente:

Artículo 34-A establece que están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso.

Artículo 39-A. Están impedidas de ejercer la función pública, mediante designación en cargos de confianza, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso.

La ley fue refrendada por el presidente Martín Vizcarra y el jefe del Gabinete Ministerial, Walter Martos.

(FIN)CVC

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Publicado: 15/9/2020






andina

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Congreso: A fines de octubre se presentaría la reforma del Sistema de Pensiones

Congreso: A fines de octubre se presentaría la reforma del Sistema de Pensiones

Ya hay fecha. El proyecto de ley con la reforma del Sistema de Pensiones se presentaría a fines de octubre, según informó la congresista de Alianza Para el Progreso y presidenta de dicha mesa de trabajo, Carmen Omonte 

Omonte señala que deben asegurarse que el modelo que se plantee debe ser sostenible en el tiempo.

Al cabo de tres meses de iniciado el trabajo de esta comisión, la legisladora precisa que ya están en una etapa de análisis técnico.

“Esta siendo un trabajo bastante complejo, porque sobre un sustento técnico tenemos que lograr ese consenso político social que es necesario para una reforma de esta magnitud”, señaló.

Además, comentó que para este planteamiento están escuchando a todos los actores involucrados en los cambios que se plantearán. A esto, se incluye también al sector educación para que exista una capacitación para que los más jóvenes estén informados del tema.

“Actualmente los jóvenes, inclusive los adultos, no son conscientes de lo que implica tener una jubilación, cuanto uno debe juntar o ahorra para tener una pensión de determinado monto”, señala.

Moción de censura

Por otra parte, la congresista indicó que su partido político no considera pertinente la moción de cesura a la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, en medio de la crisis que se está viviendo.



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Cecilia García calificó de “insulto” propuesta de reforma de la ONP del Gobierno

Cecilia García calificó de “insulto” propuesta de reforma de la ONP del Gobierno

Esta mañana se lleva a cabo el debate parlamentario relacionado con la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, quien respondió 82 preguntas sobre su gestión frente a la crisis económica originada por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

Durante su participación, la congresista de Podemos Perú, Cecilia García, comentó sobre la reforma de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), al cual calificó de “insulto”.

Espero que haya reflexionado sobre ese insulto que usted y su presidente han presentado como propuesta. Un insulto donde dice que le van a dar 250 soles de pensión a mis hermanos de la ONP”, comentó.

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En esa línea, sostuvo que los aportantes al sistema público de pensiones no van a “limosnear su dinero” y que espera que la titular de Economía le “haga llegar el mensaje al presidente”.

Más adelante, la legisladora tildó de “fracaso” el manejo económico de la ministra Alva, a quien también cuestionó su nombramiento en el sector.

“Usted ha llegado a tener el puesto que tiene no por elección popular, sino a dedo. (…) ¿Cómo se siente luego de haber fracasado, fracasado con su estrategia económica en nuestro país? ¿Tiene algo de consciencia?, indicó.

Por último, pidió que Alva Luperdi explique a la representación nacional de dónde proviene el dinero del Banco Central de Reserva (BCR).

Esto luego de que la titular de Economía expusiera que los créditos del programa Reactiva Perú provienen de dicha entidad “y no del dinero de todos los peruanos”.

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Sentenciados en primera instancia podrían postular al 2021 si Congreso no aprueba la reforma antes del 28 de septiembre

Sentenciados en primera instancia podrían postular al 2021 si Congreso no aprueba la reforma antes del 28 de septiembre

Aparenta ser una de las propuestas mejor encaminadas en el marco de la reforma política. Ya obtuvo una votación favorable en el Pleno del Congreso, pero su concreción como ley aún sigue pendiente. Nos referimos al proyecto que propone impedir que personas condenadas en primera instancia por delito doloso postulen a cargos de elección popular. Por tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa requiere de una segunda aprobación en la vigente legislatura.

La Ley Orgánica de Elecciones establece que cualquier modificación a normas de impacto electoral debe aprobarse un año antes para su implementación en los comicios más próximos. Sin embargo, el propio Congreso fijó una excepción mediante la Ley Nº 31010, publicada en el diario El Peruano el 27 de marzo. Se trata de una disposición transitoria que permite la aplicación inmediata de reformas siempre que estas hayan sido aprobadas hasta el 28 de septiembre de 2020. No obstante, dicho plazo extraordinario ya está por vencer y varias de las propuestas continúan en cola. Entre ellas, la del impedimento para candidatear.

En este informe, revisamos el fondo de la propuesta y los tiempos que corren sobre ella.

¿Qué se propone cambiar en la Constitución?

Actualmente, la Constitución Política del Perú no prohíbe la postulación de personas con sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso (es decir, delito intencional). Desde la promulgación de la Ley Nº 30717, que modificó la Ley Orgánica de Elecciones en enero de 2018, este impedimento solo aplica si la persona tiene una sentencia “consentida o ejecutoriada”; que -en términos más exactos- es aquella emitida en segunda instancia por el Poder Judicial.

A fin de reajustar esta regla y darle soporte constitucional, existe la iniciativa de reforma que estamos mencionando. De acuerdo con su texto, aprobado el 5 de julio en la pasada legislatura, lo que se pretende hacer es incluir dos nuevos artículos a la Constitución: el 34-A y el 39-A. En el primero, se especificaría que las personas sentenciadas en primera instancia -como autoras o cómplices- por un delito doloso, no podrían entrar en carrera a un cargo de elección popular. En el segundo, por su parte, se extiende este impedimento a personas que aspiren a trabajar en el Estado o que sean consideradas para puestos de confianza.

Para este informe, entrevistamos a Paula Muñoz Chirinos, politóloga, profesora de la Universidad del Pacífico y ex integrante de la Comisión de Alto Nivel que propuso los primeros proyectos para la Reforma Política. La especialista nos explicó que el proyecto de impedimento de postulación por sentencia en primera instancia no colisiona con el principio de la presunción de inocencia de las personas. Esto, porque la prohibición tiene carácter provisional, mientras se esclarece el proceso judicial del inhabilitado.

Esa prohibición sería temporal porque, si hay una sentencia en segunda instancia que de pronto declare inocente al candidato impedido, en una siguiente elección sí podría postular. Esa propuesta necesitaría una segunda votación ya para que la norma entre en vigencia para las elecciones de 2021 y que, en ese sentido, tengamos un mejor filtro de candidaturas”, dijo Muñoz.

José Tello Alfaro, experto en Derecho Electoral, coincide con la lectura de que el derecho de participación política no es absoluto y señala que sí pueden establecerse límites constitucionales a su ejercicio. “Es una norma saludable, que nos antepone el hecho de tener funcionarios idóneos antes que un derecho como el de participación política que sí puede tener limitaciones. El hecho de impedirle que postule también nos permite a nosotros (como electores) tener la claridad de que esta persona que pueda salir electa no tiene cuestionamiento alguno. Y ese cuestionamiento es indudable cuando el candidato tiene una sentencia en primera instancia. Si, más adelante, se acredita de que esta persona efectivamente cometió el delito y en el Poder Judicial se le condena en segunda instancia, va a terminar siendo vacada o el tema nos llevaría a un tratamiento complicado cuando se trata de un congresista. Ya hemos gozado este tipo de situación”.

Plazos cortos

Como lo indicamos al inicio, si se busca que esta reforma aplique para los comicios de 2021, el Pleno del Congreso tendría que votar antes del 28 de setiembre. Esa votación definitoria estuvo agendada para el 13 de julio. Sin embargo, la sesión se suspendió sin fecha específica y sin alcanzar los 87 votos mínimamente requeridos. Para una explicación más clara sobre lo que implican los plazos, consultamos con la politóloga Milagros Campos Ramos, quien también fue integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.

“Como recordaremos, las reformas constitucionales se aprueban en dos legislaturas sucesivas y con mayoría calificada (artículo 206 de la Constitución). Por lo tanto, estamos en un primer escenario de que se alcance la mayoría antes del 28 de setiembre o hasta el 28 de septiembre, inclusive, y esta norma sería aplicable a las elecciones de abril. En caso de que no se vote en esa fecha, sino que se vote antes del término de la legislatura, será aplicable para el futuro. Y, en caso de que, sometido a votación, no alcance la mayoría requerida, tendrá que pasar al archivo”, señaló Campos.

A estos escenarios también se le sumaría la posibilidad de que la legislatura vigente termine sin haberse concretado la votación. De acuerdo con los periodos establecidos, la actual legislatura inició el 6 de julio y terminará el 18 de diciembre. Esto quiere decir que la pre-reforma se extinguiría pasada esa fecha. Así nos lo precisó Óscar Urviola Hani, constitucionalista y ex presidente del TC: 

“Son dos legislaturas ordinarias sucesivas. Si no se aprueba en esta legislatura ordinaria, que es la sucesiva a la legislatura en la que se dio la primera votación, ya no puede pasar para la siguiente porque la Constitución establece que sean sucesivas”, declaró Urviola. En otras palabras, la iniciativa volvería a cero, necesitaría de un nuevo debate y de dos nuevas votaciones consecutivas que serían imposibles en el presente Congreso.

En julio, al frustrarse la ratificación del dictamen, el presidente del Legislativo, Manuel Merino de Lama, indicó que esta se retomaría en “una próxima oportunidad”. Para el viernes 4 de septiembre, el Congreso tenía otra vez agendado el pendiente. Sin embargo, el día coincidió con la interpelación a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, por lo que el procedimiento quedó nuevamente en suspenso. De acuerdo con el vicepresidente del Parlamento, Luis Valdéz, la votación faltante sí se dará antes del 28 de setiembre.



Rpp

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Partido Morado espera se concrete debate de reforma sobre impedimentos para postular | Noticias

Partido Morado espera se concrete debate de reforma sobre impedimentos para postular | Noticias


La bancada del Partido Morado saludó el anuncio del presidente del Congreso, Manuel Merino, de poner a debate, a más tardar la próxima semana, la ratificación de la reforma constitucional que impide la postulación a cargos públicos de sentenciados en primera instancia por delitos dolosos.

“Estaremos pendiente de que se concrete la sesión porque el 28 de septiembre vence el plazo del parlamento para aprobar y promulgar esta reforma, con el fin de aplicarla en las elecciones del 2021”, manifestó el vocero del grupo parlamentario, Francisco Sagasti.

No obstante, remarcó que tan importante como esta modificación es poner en agenda antes de esa fecha la eliminación del voto preferencial para la elección de congresistas y la regulación del financiamiento de las organizaciones políticas.

Sagasti indicó que la eliminación del voto preferencial no solo mejorará el sistema de elección de parlamentarios, sino también hará posible la paridad y alternancia para garantizar la igualdad en la participación de hombres y mujeres, y fortalecerá a los partidos.

En relación al financiamiento de las agrupaciones políticas, sostuvo que su bancada busca los mecanismos que faciliten la transparencia y rendición de sus cuentas.

Recordó que con la aprobación de las referidas iniciativas legislativas se avanzará de manera significativa en la tan esperada reforma política.

La bancada del Partido Morado planteó la convocatoria a un pleno donde se debata exclusivamente los tres temas para completar las reformas pendientes antes del 28 de septiembre. 

Señaló que se ha sostenido una reunión informal con algunos voceros parlamentarios, a fin de establecer una fecha de debate.

“Que haya tranquilidad, vamos a poner en debate este proyecto y debe ser a más tardar la próxima semana”, manifestó Merino de Lama, quien refirió que se necesitan 87 votos del Parlamento para aprobar la ley de impedimentos en segunda instancia.

(FIN) NDP/RGP/FHG

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Publicado: 8/9/2020






andina

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Carta pública pide que reforma de pensiones quede en manos de Comisión Especial del Congreso

Carta pública pide que reforma de pensiones quede en manos de Comisión Especial del Congreso

La posibilidad de que las personas retiren los aportes que hicieron a la ONP o AFP ha generado el rechazo no solo del Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Ayer, un grupo de economistas, abogados, catedráticos y analistas enviaron una carta pública en la que expresan su preocupación por estas iniciativas que hay en el Congreso.

“Toda propuesta que busque el retiro de los fondos de pensiones desnaturaliza la razón de ser del sistema previsional, cuyo propósito es lograr que los adultos mayores tengan una pensión justa”, se lee en el documento que es firmado por 31 personas.

Indicaron que si bien el país vive una situación económica complicada como consecuencia del COVID-19, se requieren mecanismos para auxiliar a las personas sin que esto ponga en riesgo su bienestar en el largo plazo.

“Invocamos a que estas propuestas, que abarcan tanto el sistema público como el privado (ONP/AFP), sean estudiadas por las instancias reguladoras especializadas en la materia”, precisaron.

Además, recordaron que actualmente hay una Comisión Especial en el Parlamento que evalúa la reforma del sistema de pensiones y consideraron que “cualquier modificación aislada puede dificultar la labor de este grupo de trabajo”.

ENTENDIMIENTO

El gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, quien firmó la carta, manifestó que es “comprensible” que en una situación de crisis se trate de buscar recursos para apoyar a los más vulnerables. Sin embargo, consideró que es necesario entender que en el Sistema Nacional de Pensiones “no hay ningún ahorro”.

“No muchas personas entienden cómo funciona la ONP y, además, en este caso el retiro es inconstitucional”, explicó.

Asimismo, consideró que en los últimos años lo que se ha hecho con las AFP es “erosionar el sistema o le hacemos un hueco con cada cambio que se hace y después nos quejamos de que no funciona”.

“El tema es que no nos hemos preocupado en hacer un sistema inclusivo. Ha sido un sistema anclado al salario del trabajador formal dependiente. Lo dejamos pasar, muchos salen con una pensión baja, así que esto se convirtió en una bomba de tiempo”, explicó.

En tanto, el economista Luis Estrada, quien también firmó la carta a la opinión pública, manifestó que es necesario que no progrese el retiro del 100% de los aportes a la AFP, porque indicó que dejará desprotegido al sistema de pensiones.

“El sistema privado ha traído cantidades de dinero que se han volcado al mercado de acciones y ha permitido dinamizar la economía”, declaró a este diario.



diariocorreo

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Reforma de la seguridad social avanza a paso lento y borrador para el Ejecutivo quedará para 2021

Reforma de la seguridad social avanza a paso lento y borrador para el Ejecutivo quedará para 2021

El presidente Luis Lacalle Pou se ha propuesto concretar una reforma del régimen de seguridad social durante su período, pero los avances perfilan lentos. Esto se debe a la complejidad de un tema espinoso que implica muchos intereses, sin desconocer las dilaciones derivadas de la pandemia. 

Rodolfo Saldain, el experto que presidirá la comisión de expertos -que se abocará al diagnóstico del régimen y a las recomendaciones de la reforma-, informó a El Observador que la misma aún no está totalmente definida. “Avances de la comisión no hay porque no está designada. Se esperan los nombres de los técnicos que proponga el Frente Amplio”, explicó.

Los nombres de la comisión confirmados o en proceso de ello, son Gustavo Michelin (representante de la OPP), Ana Inés Zerbino y Renán Rodríguez (Partido Colorado), Álvaro Forteza (Partido Independiente), Albero Lacassy (Cabildo Abierto), Hugo Bai (PIT-CNT), Gabriel Regalado (Onajpu) y Fernanda Milans (Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas).

Una vez constituida, la comisión tendrá 90 días para realizar un diagnóstico del sistema de seguridad social y otros 90 días para hacer sus propuestas.

La exposición de motivos del presupuesto para esta reforma se presentó la semana pasada. Se estima que el documento de las propuestas de reforma sea entregado al Poder Ejecutivo en febrero o marzo de 2021. En un principio, se había manejado que este borrador podía estar listo para fines de este año. 

Cuestión de cifras

El sistema previsional de Uruguay fue diseñado bajo la lógica de que siempre iba a haber más trabajadores para financiar transferencias a la población de mayor edad, lo que ya no es así. 

En 1950, había ocho trabajadores en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años, y en el año 2000 esa proporción cayó de cinco a uno, según la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Para el 2050, será de tres a uno, según las mejores proyecciones. 

Eso significa que el sistema no puede ser soportado por una población económicamente activa que no va a crecer y una población en situación de jubilación que se duplicará en los próximos años. 

Diversos estudios revelan que la esperanza de vida en Uruguay ha venido creciendo en el orden de un mes y medio por cada año. Según datos oficiales, el presupuesto para jubilaciones aumentó entre 2,5% y 3% del PIB en los últimos diez años. 

Un punto de comparación: Dinamarca tiene prácticamente dos veces su PIB acumulado en ahorro previsional, mientras que Uruguay apenas cuenta con el 30% acumulado de las cuentas que administran las AFAP.

Pilares de discusión

Edad mínima de retiro y la posibilidad de unificación de las cajas (profesional, bancaria, notarial, militar y policial) son algunos de los temas que estarán sobre la mesa de la comisión.

En 1979 se fijó en 60 años la edad mínima de acceder a la jubilación, en una época en la que la esperanza de vida era unos seis años menos que la actual, por lo que requiere revisión. En cuanto a las diversidad de cajas, hay propuestas para unificarlas con el fin simplificarlas y la meta de hacerlas más equitativas, aunque este punto es especialmente controversial.

También se habla de opciones de retiro parcial o distintos tipos de retiros, para que la sociedad pueda aprovechar los aportes de la gente mayor  en plenas capacidades. “Ya existen leyes de ese tipo en el país: la Ley de Retiro Parcial, que tiene 150 personas amparadas, y la Ley de compatibilidad entre trabajo y jubilación, que no tiene a nadie porque requiere un acto de autorización del Poder Ejecutivo”, dijo Saldain en radio Carve hace unos días.

Problema global

Uruguay está lejos de ser el único. Muchos países se enfrentan a problemas con sus sistemas de jubilaciones y pensiones, los europeos debido al envejecimiento de la población que se ha profundizado allí en los últimos años, y los latinoamericanos básicamente por ineficiencias de sus regímenes previsionales y falta de una cultura de ahorro a lo largo de la vida.

En el libro Revisiones. Mientras Europa avanza hacia la capitalización individual, en América Latina algunos proponen volver al reparto que acaba de publicar la Federación Internacional de Fondos de Pensiones (FIAP), se plantea cómo los países con sistemas de reparto comienzan a adoptar mecanismos de capitalización, basándose en cuentas individuales, el incremento de esas contribuciones y el ahorro voluntario, para aliviar los déficit que enfrentan. 

La posición de la FIAP es que sectores políticos de varios países de América Latina han propuesto reinstalar o fortalecer los sistemas de reparto o acumulación colectiva de fondos con beneficios definidos y administración pública centralizada, debilitando o eliminando los sistemas de capitalización individual, lo que entiende contraproducente. Sin embargo, es tópico de debate.

Lo cierto es que hay países que han establecido sistemas mixtos: una parte a cargo de transferencias intergeneracionales y otra parte a cargo de esquemas plenamente capitalizados, y están midiendo los resultados.

En Uruguay, la comisión de expertos deberá hacer una revisión a fondo y un análisis comparativo para llegar a las recomendaciones que el país requiere. Una “papa caliente” que llevará tiempo cocinar, ante la mirada de todo un país y con diversos intereses en juego. 
 

Particularidades de algunas cajas

La Caja Notarial es la que tiene mayor nivel de autonomía. Recientemente procesó una reforma que elevó la edad de jubilación de 65 años, computándose los 30 mejores años de trabajo, entre otros cambios. 

La Caja Bancaria sufrió una reforma importante en 2008, en la que se estableció un impuesto severo a las jubilaciones, como forma de bajar los montos. El aporte de los bancos a la Caja Bancaria es del orden del 25% del salario del trabajador, más otros aportes. 

El 30% de los recursos de la Caja de Profesionales viene de la tributación que paga la población (a través de timbres fiscales, de certificados médicos, etc). Algunos abogados votaron en contra de esa decisión en su momento, por considerar que la población no tiene por qué ayudar a la jubilación de los profesionales. Otro tema más a resolver. 





elobservador

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Congreso de la República le da largas a la reforma política

Congreso de la República le da largas a la reforma política

En el Congreso de la República le sigue dando largas a la reforma política. Ayer, en declaraciones a la prensa, el titular del Parlamento, Manuel Merino, informó –sin mucha convicción– que el dictamen que establece impedimentos para que los sentenciados por delito doloso postulen a un cargo de elección popular sería debatido todavía la próxima semana pese a que él mismo reconoció que el próximo lunes 28 de setiembre es la fecha tope para su promulgación.

“Que haya tranquilidad de que vamos a poner a debate este proyecto, debe ser a más tardar la próxima semana; tenemos que aprobarla para que se aplique en las próximas elecciones”, dijo muy suelto de huesos.

DEMORA SIN SENTIDO

Para el vocero alterno del Partido Morado, Gino Costa, sin embargo, no tiene fundamento seguir dilatando la discusión de este tema.

MIRA: Partido Morado saludó que se debata “a más tardar la próxima semana” la ley de impedimentos para postular

El legislador explicó a Perú21 que si bien la norma no puede ser observada por el presidente de la República por tratarse de una reforma constitucional, no es lo más conveniente aprobar los temas al filo de los plazos establecidos por ley.

Recordó, además, que también están pendientes otras modificaciones con miras a los comicios del 2021 como las referidas al financiamiento electoral y la eliminación del voto preferencial aunque en este último caso, dijo, no habría consenso.

En esa linea, recordó que su bancada planteó la realización de un pleno temático dedicado a abordar los dictámenes sobre materia electoral. Esta propuesta, empero, indicó, ha sido desestimada por el presidente del Legislativo.

DATOS:

– La primera votación del dictamen sobre impedimentos para postular tuvo lugar el 5 de julio pasado.

– Exceptuando a Fuerza Popular, todas las bancadas respaldaron la propuesta. Sin embargo, ahora Podemos y UPP se niegan a ratificar su aval a la norma.

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peru21

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